Los dueños de una discoteca afrontan hasta seis años de prisión por exceso de ruidos

ALICIA NEGRE 21 de abril de 2018

Con la indignación de los hosteleros por la política municipal para reducir la contaminación acústica como telón de fondo, la Audiencia Provincial tiene previsto sentar el próximo viernes en el banquillo al propietario y al encargado de la popular discoteca Boutique de Murcia -ya cerrada- por un exceso de ruidos. La Fiscalía de Medio Ambiente, que lleva años desplegando una dura batalla en toda la Región contra la contaminación acústica, reclama hasta seis años de cárcel a cada uno, además de una pena de cuatro años de inhabilitación para su profesión de hosteleros y la clausura del local durante cinco años.

El Ministerio Público exige, además, que los acusados, Juan Antonio B. S. y Héctor D. S., abonen varias multas e indemnicen con 15.000 euros a dos vecinos del edificio de arriba de la discoteca. Según sostiene el fiscal en su escrito de conclusiones provisionales, estos residentes tuvieron que recibir asistencia médica por el estrés que les produjeron los ruidos y vibraciones que el local generaba en sus casas.

Según informaron fuentes jurídicas, los dos procesados están citados a una vista, en el Palacio de Justicia de Murcia, para estudiar la posibilidad de que las partes puedan alcanzar un acuerdo que pasaría, en todo caso, por un reconocimiento de los hechos. En el caso de que se produjese la conformidad, la pena final que se le impondría a los dos hosteleros se podría ver rebajada y no sería necesaria la celebración del juicio.

Expedientes municipales
El fiscal sostiene que, al menos desde septiembre de 2014 hasta abril de 2016, la actividad de este conocido local -que estaba ubicado junto a Centrofama y que contaba con una licencia municipal para la actividad de café-teatro- generó «graves molestias» a los vecinos de los pisos superiores del edificio en que se ubicaba. Esta situación supuestamente se producía durante casi todos los días de la semana, aunque con más intensidad de jueves a domingo.

Las continuas llamadas de los vecinos del bloque a la Policía Local dieron lugar a una retahíla de mediciones sonométricas en la vivienda de unos vecinos del primer piso y en el interior del propio establecimiento, según explica el representante del Ministerio Público. A raíz de estas, el Ayuntamiento abrió varios expedientes y llegó a ordenar el cese de toda actividad musical en dos ocasiones. El fiscal sostiene que los procesados hicieron caso de esa orden durante varios días.

El Ministerio Público sostiene que los dos vecinos afectados tuvieron que recibir asistencia médica por esta situación. Ambos sufrieron, según explica en su escrito de conclusiones, un cuadro de insomnio, irritabilidad y falta de concentración por el que reclama que sean compensados económicamente.

La Fiscalía de Medio Ambiente lleva varios años desplegando una dura batalla contra los excesos de decibelios en numerosos ámbitos, entre ellos en la hostelería. En Murcia, los casos de ruidos en Pérez Casas y Alfonso X, que aún están en fase de instrucción, acabaron salpicando a cargos políticos. Y es que el asunto no es baladí. En 2014, la exalcaldesa de Pliego, Isabel Toledo, en ese momento diputada del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea Regional, fue expulsada tras ser condenada por prevaricación por no impedir el ruido excesivo de un local de su municipio -recientemente ha sido condenado por permitir una situación similar en otro establecimiento-.

Aunque éste fue el primer caso de presunta contaminación acústica que obligó a sentarse en el banquillo a un cargo político, este tipo de procedimientos han dejado de ser una ‘rara avis’. Durante décadas este problema no fue más allá de la vertiente administrativa, pero las diligencias han crecido exponencialmente en los últimos años. El punto de inflexión se produjo el 16 de diciembre de 2005, cuando la Sección Primera de la Audiencia Provincial dictó la primera sentencia en la Región que condenaba a los dueños de un pub por contaminación acústica. Les fueron impuestas penas de dos años de prisión. Aquella resolución abrió la senda para otorgar a este tipo de delitos la importancia que realmente tienen.

La hostelería lleva una semana en el ojo del huracán
Los hosteleros llevan una semana en el ojo del huracán desde que trascendió su enojo. Treinta alegaciones han presentado en el Ayuntamiento contra la aprobación inicial de las tres zonas de especial protección acústica en el centro, por acortar los horarios y espacio de las terrazas y paralizar la concesión de licencias. El Consistorio entiende que hay que hacer compatible el ocio y la hostelería con el descanso vecinal. Hostemur ha denunciado una campaña de desacreditación contra su entidad y contra el perito encargado de analizar el mapa de ruido de ocio que sirvió de fundamento para declarar las zonas especiales. Hostemur habla de «persianazo». El Consistorio se defiende alegando que las medidas no son restrictivas y son las mismas aplicadas en otras ciudades para regular la actividad y cumplir la legislación medioambiental vigente. Por su parte, tanto la asociación No Más Ruido como la Federación de Asociaciones Vecinales de Murcia han salido a criticar la actitud de los hosteleros. La empresa Sincosur Ingeniería Sostenible SL, que fue la encargada de realizar el mapa del ruido en Murcia, defiende que el estudio cumple todos los requisitos técnicos y legales, con una maquinaria «en regla» y los resultados están «perfectamente justificados».